Las decisiones en materia de seguridad deben estar enfocadas como un derecho y no como privilegio para algunos sectores de la población. Debemos ser una ciudadanía protagonista y no espectadora en el rubro, afirmó la investigadora de la Universidad Anáhuac del Norte, doctora Nadia Cristina Tovar Cruz.
Al participar en el ciclo de conferencias La prevención del delito en el nuevo gobierno: críticas, análisis y perspectivas, organizado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, la académica, quien formó parte del proceso de extinción de la Policía Federal, sostuvo que la seguridad no se impone, sino que “la debemos de construir todos y ser una ciudadanía viva, crítica y participativa”.
Tovar Cruz, la primera mujer titular de la Unidad de Coordinación Operativa en la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, consideró que existe fracaso educativo, toda vez que las nuevas generaciones ven la violencia y el delito como cuestiones viables.
Ello, explicó en la sala de Videoconferencias de Posgrado del plantel, porque “estamos en un punto en el que las personas hemos dejado de conmovernos, hemos dejado de sentir, de ser empáticos y de reaccionar ante esta situación de violencia que tenemos desafortunadamente en nuestro país. Hay una pérdida de valor humano”.
La violencia, añadió la académica con más de 14 años de experiencia en la administración pública federal, no es un medio como tal, sino el mensaje constante que recibimos todos los ciudadanos, el cual genera efecto de cierta desensibilización en la sociedad.
La impunidad incentiva la repetición de los delitos, la corrupción debilita el Estado de derecho, mientras que la desigualdad y la pobreza crean condiciones propicias para la delincuencia y delitos que no los denuncian, sea por desconfianza o miedo, abundó Tovar Cruz.
“Desafortunadamente, el crimen organizado ocupa un rol que debería tener el propio Estado Mexicano, pues regula actividades económicas, impone castigos, cobra impuestos con el llamado cobro de piso y hasta brinda ciertos servicios públicos en algunas comunidades”, lamentó.
El doctor José Antonio Álvarez León, docente del Posgrado de la FES Acatlán, alertó que al menos en los últimos 25 años, ningún gobierno federal ha hecho cosas distintas en cuanto a la prevención de delitos. Todos han trabajado en los mismos ejes y vertientes, por lo que los resultados siempre han sido los mismos.
El diseño de la política criminal debe construirse desde los ámbitos cultural y educativo. Los jóvenes no deben venir a la escuela solo a recibir información, sino a formarse como personas con nivel ético diferente, enfatizó.
César Augusto Mendoza Salazar, juez del Sistema Procesal Penal acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, habló sobre las medidas de protección para las mujeres en caso de violencia de género, cuyo objetivo “es evitar que haya lesiones o que haya la privación de la vida de las víctimas. Es decir, evitar un potencial feminicidio o lesiones calificadas. O incluso, sin ser tan drásticos, la destrucción de objetos personales”.
Pese a los beneficios de dicha figura jurídica, “también es verdad que conflictos de naturaleza laboral, mercantil, civil, inmobiliaria, derecho familiar, incluso académicos y estudiantiles han sido desbalanceados por la mala utilización de las medidas de protección” enfatizó el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Yo exhortaría a que se revisara la regulación para evitar este mal uso y abuso y que se siga privilegiando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, añadió Mendoza Salazar.
El doctor Rogelio Miguel Figueroa Velázquez criticó los errores y vacíos legales para combatir el lavado de dinero, pues en ocasiones las autoridades proceden más por cuestiones políticas que jurídicas.
“El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional porque autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera asegurar de manera directa sin permiso de la autoridad judicial. No debe haber ningún fiscal, ni general o estatal que no llegue con la obligación necesaria de establecer una política criminal para su actuar. Parece que llegan por otra recomendación, sin tener experiencia y por eso tenemos los resultados que tenemos”, puntualizó Figueroa Velázquez, también académico de la UNAM y quien ha colaborado en diversas dependencias, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y las entonces procuradurías General de la República, General de Justicia de Michoacán y del Estado de México.
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