“En El Salvador ya no teníamos otra alternativa para poder enfrentar al fenómeno criminal de las pandillas y las maras, que venimos arrastrando casi 30 años. Era necesario tener un Estado de excepción”, declaró el maestro Héctor Nahún Martínez García, magistrado de la Corte Suprema de ese país, ante la comunidad de la FES Acatlán, durante la conferencia magistral Operatividad del Régimen de Excepción frente al crimen organizado, celebrada en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos.
Abundó que “el Estado de excepción ha sido un medio cuyo objetivo principal es desmantelar y desbaratar de una vez por todas estas organizaciones criminales llamadas pandillas o maras. Aunque este régimen de excepción debe ser justamente eso, una excepción, y no la norma o algo que deba usarse para siempre”.
Martínez García explicó que la ola de violencia que vive el país centroamericano es resultado de políticas de seguridad fallidas, implementadas por los expresidentes que llegaron al poder a principios del nuevo siglo, con programas populistas y mediáticos que solo simulaban, y lo único que hicieron fue acrecentar el problema.
En la exposición, que formó parte del V1 Congreso Nacional e Internacional Anticorrupción, con sede en Acatlán, el magistrado salvadoreño ofreció un panorama histórico sobre el crecimiento exponencial de las pandillas y maras salvatruchas, que con el paso del tiempo se convirtieron en células criminales que implementaron el miedo y terror en la sociedad salvadoreña mediante extorsiones, usos de suelo y asesinatos.
“Al menos en El Salvador, el derecho constitucional de excepción es un mecanismo para afrontar situaciones excepcionales sin renunciar a la fuerza normalizadora del derecho, es decir, y por eso reitero, el régimen en sí mismo no es el final, puede decretarse en casos de guerra, de invasión del territorio, de rebelión, catástrofe, epidemia, pandemia. Aunque también (están) estos mandatos que el Estado debe cumplir no solamente como una mera recomendación, sino como su objetivo principal, por eso la Constitución es la norma fundamental de todo ordenamiento jurídico, por eso El Salvador reconoce a la persona humana como el origen, y la finalidad del Estado es asegurar el derecho a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad”, declaró.
El jurista destacó que espacios, como el que ahora abre la FES Acatlán, proponen soluciones y obligan a la academia, por medio de investigaciones, teorías y estudios, a buscar respuestas.
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