En la Semana de Derecho, el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dictó la conferencia A 10 años de la Reforma de Telecomunicaciones y Competencia Económica, compartiendo con la comunidad de la licenciatura en Derecho el origen de los órganos autónomos constitucionales, así como las funciones y la actual relevancia de los mismos.
El ponente señaló el origen del Estado moderno, cuando los Estados absolutos dieron paso a los Estados liberales de derecho, producto de la Constitución de Estados Unidos y la Revolución Francesa, y con los que nacieron la división de poderes y los derechos políticos civiles. Cuando el Estado liberal de derecho entró en crisis a finales del siglo XIX, con movimientos sociales como la exigencia del voto universal, abrió paso al Estado del bienestar, donde fueron fortalecidos la burocracia, la democracia electoral y los derechos económicos, sociales y culturales.
El investigador explicó que el Estado del bienestar entró en crisis por la falta de recursos, pues países como México, que dependían del petróleo para solventar el gasto público, contrajeron deudas y, en consecuencia, surgió el Estado moderno neoliberal, que estableció la contradicción entre lo que dice la ley que debe garantizar el Estado y los recursos disponibles para cubrir los derechos básicos de la población.
En esa etapa, destacó Cárdenas Gracia, surgieron en México los órganos autónomos, que van más allá de la división clásica de los tres poderes y funcionan como un contrapeso para limitar la influencia del ejecutivo. Dichas instancias, realizarían funciones técnicas específicas, siendo los primeros el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Con Enrique Peña Nieto, en 2012, las principales fuerzas políticas del país acordaron mediante el Pacto por México la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Fiscalía General de la República de México, acotó el académico.
En este sentido, Cárdenas Gracia destacó que crearon el IFT y la COFECE para garantizar el principio de libre competencia, que no existía antes del 2012 en la Constitución, y ahora está contrapuesto a otros principios como la rectoría económica, la planeación democrática del Estado o las áreas estratégicas y prioritarias. El jurista consideró que existe confusión en el tema, pues los tribunales y los jueces no deberían anteponer la libre competencia a otros principios de la Carta Magna.
Detalló que la confusión sucede porque México no es totalmente una economía de mercado, por ejemplo, en el país, al dueño del suelo no le pertenece el subsuelo, pues los recursos ahí disponibles, como el petróleo, son propiedad de la nación, además, también existen empresas estatales.
El ponente señaló que, actualmente, estas instituciones son ampliamente cuestionadas, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador critica el gasto excesivo y ataca lo que él llama la “casta dorada”, además, esos órganos nacieron como sugerencia de organismos internacionales como la OCDE, y no por exigencia ciudadana.
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