Las actividades del I Congreso Metropolitano de Política Criminal. La Política Criminal en México a dos décadas de inicio del Siglo XXI: saldos y retos concluyeron con la conferencia magistral dictada por la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENaCiF) de la UNAM.
García Castillo señaló que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán ha sido pionera en fomentar el conocimiento sobre Ciencias Forenses, Criminología, Criminalística, Ciencias Penales y Política Criminal. La académica indicó que aún se deben fortalecer los servicios forenses mexicanos, en especial porque es el agente del Ministerio Público (MP) quien arma una teoría del caso con apoyo de la policía y los peritos, y estos últimos son quienes saben cuáles son las pruebas más idóneas para obtener resultados que fortalezcan dicha teoría, de ahí la importancia de que mantengan una comunicación cercana con el MP.
Añadió que los servicios periciales también requieren de recursos materiales, supervisión de la calidad en los laboratorios y la implementación de bases de datos y protocolos para tener procesos confiables. García Castillo expuso que existen mil 546 peritos y 370 laboratorios en el ámbito federal, mientras que, en el ámbito local, la tasa nacional en 2019 era de 2.37 peritos por cada 100 mil habitantes.
La especialista destacó que, a pesar de la implementación de los juicios orales por el sistema penal acusatorio, el cual prometía investigaciones más objetivas, las pruebas testimoniales siguen prevaleciendo en los casos, y de una muestra de 580 sentencias federales, el 52.13 por ciento se basaron en pruebas testimoniales, mientras que el 19.62 por ciento en pruebas periciales.
La directora cree que es posible que exista una investigación forense con perspectiva de género y respeto a los derechos fundamentales, por ello, se deben explorar todas las líneas de investigación posibles, analizar los casos de muertes de mujeres con perspectiva de género, además de evitar las prácticas de revictimización, los prejuicios de género y las omisiones en los procedimientos científicos de investigación durante todo el proceso.
También habló sobre el caso de Digna Ochoa, abogada defensora de Derechos Humanos que en 2001 fue hallada muerta en su despacho, en ese entonces, la Fiscalía dictaminó que se trató de un suicidio, pero debido a las omisiones y la negligencia durante la investigación, el caso llegó a instancias internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una resolución que exige al Estado Mexicano hacer autónomos los servicios forenses.
Para concluir, insistió en que no se debe perder de vista que el perito no es un juzgador y que es responsabilidad del juez hacer la valoración de las pruebas presentadas, de igual forma, se debe tener claro que la ciencia no llega siempre a resultados completamente verdaderos y que las pruebas periciales solo pueden servir para confirmar o refutar hipótesis útiles en la resolución judicial.
La Política Criminal desde diversas perspectivas
Dentro del amplio programa del Congreso, en la mesa 3, la maestra Mayra Janett Mérida Monter, de la FES Acatlán, detalló que los centros penitenciarios que se construyeron bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas, impulsados por Felipe Calderón, generan mayores costos. Además, de acuerdo con diagnósticos de la CNDH presentan severas deficiencias en materia de derechos humanos, por ello, insistió que el Estado no puede renunciar a su labor garante de estos derechos, además de que se debe pensar en la reinserción social.
Por su parte, la doctora Luisa Gabriela Morales Vega, de la Universidad Autónoma del Estado de México, habló sobre los delitos que se cometen contra los migrantes que atraviesan nuestro país, siendo Oaxaca uno de los estados donde más prevalecen. Señaló que, con la incorporación de elementos de la Guardia Nacional en cuestiones migratorias, se estaría dando una sustitución de funciones de la autoridad, pues el Instituto Nacional de Migración es el que se debe encargar de ello.
En la mesa 4, el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, profesor en la Facultad de Derecho, habló sobre cómo los instrumentos internacionales han influido en la Política Criminal de México, y citó las sentencias del CIDH, como el caso Rosendo Radilla Pacheco para la desaparición forzada, el conocido como el Campo Algodonero para la tipificación del feminicidio, o el caso Cabrera García y Montiel Flores para la tortura. El experto detalló que la Política Criminal ha tenido entre sus objetivos incorporar estándares de derechos humanos a partir del derecho supranacional.
A su vez, la doctora Carmen Patricia López Olvera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideró que la Política Criminal debe estar “naturalizada” con las aportaciones que emergen del neuroderecho, una interdisciplina encargada de estudiar la regulación jurídica de la investigación en neurociencias y su aplicación al derecho, así como los factores neurológicos que intervienen en los procesos cognitivos y comportamentales de los operadores jurídicos, así como la forma en que las neurociencias pueden auxiliar a la práctica jurídica. Mencionó que estas aportaciones ayudarían a comprender de mejor manera la conducta criminal y sus procesos, y diseñar estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado para controlar y prevenir delitos.
El doctor Héctor Cantú Lagunas, profesor de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM habló sobre el principio de contradicción, por el cual toda persona tiene derecho a oponerse a las pretensiones de su contraparte y a confrontar las pruebas que se presenten contra ella en un juicio. Debido a lo anterior, mencionó que en el interrogatorio y contrainterrogatorio se puede objetar la metodología con la que se hizo la investigación, pues frecuentemente en los dictámenes se omiten cuestiones como la hipótesis, se dejan del lado los resultados preliminares del estudio e, incluso, se confunde el método con la técnica.
Finalmente, el doctor Javier Diez García, profesor de nuestra Facultad, disertó sobre el delito de discriminación, el cual fue tipificado en el 2011, aunque también se persigue por vía administrativa, y agregó que, de 2011 a 2021, solo hubo 88 imputados, por lo que consideró que esto se debe mayormente a una gran cifra negra, es decir, las personas no saben qué es un delito o no confían en las autoridades para presentar su denuncia.
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