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• Especialistas abordaron causas, consecuencias y acciones para combatir este problema

El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, inauguró las actividades del ciclo de conferencias Economía y mercados en el entorno de la prevención de lavado de dinero y de la corrupción. Perspectivas 2022, espacio en el que reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional y el Centro de Educación Continua (CEC) por organizar este tipo de eventos, donde los especialistas disertan sobre asuntos fundamentales del país.

Martínez Justo alertó sobre la relevancia del lavado de dinero, pues es un problema que deriva de tres causas: la debilidad institucional, la falta de aplicación de las leyes y el aumento de la impunidad en el país, y agregó que el lavado se origina de cuestiones estructurales, de ahí la importancia de formar personal capacitado para evitar y erradicar estas prácticas.

Por su parte, la doctora Claudia Márquez Díaz, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, señaló que dicho ciclo nació para reflexionar sobre esta problemática abordada dentro de la oferta de diplomados de Acatlán, y resaltó que nuestra Facultad colabora con instancias como el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Fundación Educativa InnovaMex, como parte de los esfuerzos para fortalecer la oferta educativa del CEC.

En su momento, el licenciado Alejandro Espinosa Cabrero, docente de la Universidad Anáhuac, dictó la conferencia Lavado de Dinero. Más cerca de lo que crees, donde definió al lavado de dinero como el proceso que realizan los criminales para aparentar que recursos provenientes de actividades ilegales (tráfico de armas, trata de personas, secuestro o narcotráfico) tiene un origen legal y puedan ser ingresados, por ejemplo, en el sistema bancario.

El docente advirtió que hasta hace algunos años se usaba una tipología sencilla para lavar dinero, sin embargo, los criminales han complejizado estos procesos y, para ello, cuentan con equipos de expertos multidisciplinarios en derecho, contabilidad, ingeniería y finanzas. El lavado, continuó, tiene tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración de los recursos.

Espinosa Cabrero explicó que algunas de las dinámicas más usadas para lavar dinero son el crowdfunding o donaciones, las “factureras” o, incluso, empresas legales establecidas. De igual forma, dijo, los delincuentes recurren a amas de casa, estudiantes o jubilados a quienes les ofrecen una comisión por el préstamo de sus cuentas bancarias personales, práctica a la que se le llama “pitufeo”, por lo que instó a desconfiar de aquellos que ofrecen comisiones o dinero fácil.

A su vez, la maestra María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, socia del Instituto Mexicano de Auditores Internos, impartió la charla Sector Público y la cooperación empresarial ante la PLD (Prevención de Lavado de Dinero), y describió que el lavado de dinero está ligado a la corrupción a nivel público y privado, lo que tiene como consecuencia la desaceleración económica, la impunidad y la falta de inversión en políticas públicas necesarias para el desarrollo.

La experta destacó que México busca combatir este problema global y creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con el cual se han registrado algunos avances. Explicó que nuestro país reforzó el combate a la corrupción por formar parte de tres convenciones internacionales.

Del mismo modo, el maestro Víctor Humberto Benítez González, presidente del Comité de Gestión por Competencias del Notariado Mexicano del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, al dictar la conferencia La fe pública como actividad vulnerable, mencionó que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las funciones desarrolladas por notarios, corredores y servidores públicos es una actividad vulnerable ante situaciones como el lavado de dinero.

En concordancia con dicha ley, el especialista señaló que entre las obligaciones de estos servidores se encontrará identificar y verificar la identidad de los usuarios y recabar su documentación, así como información sobre su actividad y ocupación cuando se establezca una relación de negocios, solicitar información y documentación del dueño beneficiario, custodiar, proteger y resguardar la información y documentación, brindar las facilidades necesarias para llevar a cabo visitas de verificación, así como presentar avisos en tiempo y forma.

El experto también habló del estándar de competencia 1420 “Desarrollo de procesos notariales relacionados con actividades vulnerables”, el cual destacó que es necesario para describir de manera clara las obligaciones y entender su alcance, ya que se necesitan aplicar este tipo de estándares para tener una mayor precisión en el control antilavado.

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