En lo que va del año 2022 se han reportado los asesinatos de cuatro periodistas: José Luis Gamboa (Veracruz), Roberto Toledo (Michoacán), Lourdes Maldonado y Margarito Martínez (Baja California). Además, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin fronteras, México es uno de los países más letales para ejercer este oficio.
Por lo anterior, el doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas, profesor del Posgrado en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, señaló que estos ataques son una doble transgresión a los derechos humanos: primero, a la integridad de los comunicadores y, segundo, al derecho a la verdad y al acceso a la información de toda la sociedad.
El especialista indicó que los ataques a las “personas dedicadas a comunicar o a decir la verdad, básicamente, son una omisión por parte del Estado”. Agregó que en México no está garantizada la libertad de expresión, en particular en el caso de quienes realizan un trabajo periodístico o de investigación, ya que durante su labor pueden ver vulnerada no solo su integridad personal, sino el ámbito de sus derechos humanos y de su dignidad.
Obregón Salinas explicó que los periodistas o líderes de opinión son una representación social de un sector, por lo que es importante que puedan pronunciarse con respeto, racionabilidad y consciencia, lo cual al final es un indicador de la situación democrática de un Estado.
Al referirse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el catedrático mencionó que la norma jurídica considera a este sector como un grupo vulnerable, es decir, hay una “discriminación positiva” de ellos y se les separa para que puedan ser protegidos, pues su labor diaria implica un riesgo. Sin embargo, un Estado verdaderamente democrático protege a sus ciudadanos y, en este caso, la norma jurídica no está siendo efectiva ni cumple la función para la que fue creada.
“El problema no es de regulación normativa, porque las leyes que tenemos perfectamente sirven, el problema es que no hay una parte estructural importante. Tenemos el Poder judicial colapsado, pues las autoridades que se encargan de la averiguación también están colapsadas, además, hay falta de preparación de los policías, por lo que es evidente que no se les pueda dar protección a quienes se debería”, indicó el académico.
Obregón Salinas explicó que si bien, en México técnicamente el Estado no limita o restringe la libertad de expresión, los asesinatos, persecución y maltrato de los grupos criminales hacia los comunicadores sin duda generan un retroceso.
El docente consideró que estas agresiones están relacionadas con la pobreza y la falta de democratización del gasto público, pues en un país donde no hay acceso a servicios de salud y educación para todos, mucho menos va a haber acceso a la seguridad. Es un problema sistémico con varios sectores cuya solución va más allá de incrementar penas o dictar sanciones estratosféricas, las que al final no tienen ningún cumplimiento, acotó el especialista.
Obregón Salinas indicó que para enfrentar esta problemática se debe construir una política de Estado enfocada en salir de la pobreza, además, es necesario diversificar el poder de la información a diferentes grupos sociales y solicitar una reparación y prevención de los daños.
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