“La formación del abogado tiene que ser dinámica, irse adaptando a los momentos que la sociedad, el país y el mundo nos exige”, destacó el Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, al inaugurar la Semana de Derecho del campus y agregó que estas jornadas ayudan a contar con visiones distintas sobre los temas en boga y discusión.
El director expresó que “frente a aquellos que critican que la Universidad ha perdido el rumbo y la responsabilidad social, ahí están los miles de egresados que han cambiado su vida después de haber estudiado en nuestras aulas”, y enfatizó que la Máxima Casa de Estudios siempre ha demostrado su compromiso social mediante las prácticas profesionales y el servicio social, así como a través de la formación de profesionistas que ayudan a la transformación de este país.
Martínez Justo dijo que nuestra institución se distingue por ser incluyente, pero también crítica, humanística y propositiva. Detalló que el Derecho constitucional, agrario o indígena son bases formativas que se brindan en nuestra Casa de Estudios a los futuros licenciados, por ello, felicitó el esfuerzo que la comunidad de Ciencias Jurídicas emprendió para realizar estas jornadas.
Durante la primera conferencia magistral, Mitos y realidades de la subcontratación, la doctora Margarita Palomino Guerrero, responsable del área de vinculación institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que se cree falsamente que esta figura —muchas veces conocida como outsourcing— está prohibida.
Agregó que la subcontratación se daba cuando una empresa contrataba a otra para que le otorgara servicios especializados, sin embargo, a veces lo hacían con el fin de comprobar un gasto que fuera deducible ante el fisco, por ejemplo, reportaban ganancias de un millón y comprobaban un gasto de la misma cantidad por contratar el servicio de un tercero.
Palomino Guerrero señaló casos donde las empresas dejaban la responsabilidad de las deducciones a otra empresa, lo que vulnera los derechos de los trabajadores, pues se reducirían las aportaciones a la seguridad social. Como respuesta a esta situación, dijo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo la recomendación 198 para que los Estados establecieran una política nacional de protección a los trabajadores.
Indicó que a pesar de lo expuesto y del discurso político del poder ejecutivo contra el régimen de subcontratación, se deben ver los matices, pues si bien se ha utilizado para pagar salarios más bajos, también ha ayudado a favorecer la especialización y brindar servicios, como los de mensajería a zonas de difícil acceso.
Palomino Guerrero acotó que la atención de las autoridades se debería centrar en verificar si este tipo de empresas se encuentran en el Padrón de Servicios Especializados, saber si cumplen con los criterios mínimos para su operación, ya que de 900 empresas que brindan subcontratación, solo están registradas 337. La doctora instó a hacer auditorías para detectar si algunas de estas organizaciones operan de manera irregular y castigarlas según sea el caso, pero sin prohibir completamente esta figura que genera beneficios.
Más tarde, la maestra Silvia Estrella López, directora de Política y Estadística Criminal en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentó la conferencia La política criminal en México, una herramienta para la seguridad.
La también docente de Acatlán indicó que se debe hablar de la política criminal como una de las ciencias penales que genera estrategias para prevenir, sancionar e identificar las causas del delito. Comentó que para realizar lo anterior, el Estado obtiene datos del contexto y, a partir de ellos, diseñar estrategias que pueden ser a nivel macro, como el nuevo sistema penal acusatorio, o micro, como la creación de normas contra el feminicidio.
La especialista explicó que, al obtener los datos, se deben tomar en cuenta elementos como la incidencia delictiva, los delitos de alto impacto o si estos se encuentran en códigos penales o en leyes específicas de una materia.
Estrella López hizo un llamado a los profesionales del derecho para consultar la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, mencionó que el siguiente paso estratégico del Estado debería ser entrelazar los datos de las entidades federativas y utilizar las posibilidades que las tecnologías brindan para robustecer la seguridad. Además, instó a generar políticas públicas hechas a la medida, que realmente ayuden en la prevención de delitos.
Hecho en México, todos los derechos reservados 2024. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución.
El contenido aquí expuesto no necesariamente refleja la opinión de la institución, y es responsabilidad exclusiva del administrador del blog.