En el Auditorio II Miguel de la Torre comenzaron las actividades de la Semana de Derecho, esfuerzo para enriquecer la formación de los universitarios de dicha licenciatura. En la inauguración, la maestra Nora Goris Mayans, secretaria General Académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, llamó a los integrantes de la comunidad a sentirse orgullosos por pertenecer a la Universidad más importante del país y la segunda mejor en Latinoamérica.
Destacó que la licenciatura en Derecho es fundamental para México por encargarse del marco legal, de ahí la importancia de que los universitarios reflexionen sobre el papel de la ética en el desarrollo y ejercicio profesional. Goris Mayans reconoció el esfuerzo de la comunidad de Derecho para impulsar estos eventos y celebró los temas que analizarán, como el lavado de dinero, el derecho laboral mexicano o las reformas de telecomunicaciones y competencia económica, entre otros.
Correspondió al doctor Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, docente de la FES Acatlán, la conferencia Enigmas del delito de lavado de dinero, donde disertó sobre ese ilícito en México. El ponente destacó que este tipo penal no tiene origen nacional, pues, en la década de los noventa, la Convención de Viena instó a los estados firmantes a contar con regulación en el tema, razón por la que México incluyó primero el lavado de dinero como delito dentro del Código Fiscal.
El académico explicó que, como el lavado de dinero era considerado un delito fiscal, quedaba en duda la comisión del delito previo del que eran obtenidos los recursos de procedencia ilícita. En esos casos, el Ministerio Público podía hacer uso de medidas como el arraigo, el cual utilizaba para investigar, por ejemplo, casos de delincuencia organizada, dijo el ponente.
Figueroa Velázquez, en su momento Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, destacó que, actualmente, en los tribunales han notado que el delito de lavado de dinero no puede considerarse siempre accesorio, pues el artículo 400 bis del Código Penal Federal establece de manera clara que el lavado de dinero es derivado de otro ilícito, es decir, debería haber una resolución previa que determine la responsabilidad del delito cometido para obtener el recurso ilícito.
Agregó que, en comparación con otros países que también lo catalogan como culposo, en México el lavado de dinero solo es considerado como delito doloso, lo que en ocasiones dificulta los elementos para acreditarlo de dicha forma. “Si no se puede inculpar de manera culposa, podríamos usar el dolo eventual, cosa que considero que es posible”, dijo al resaltar que, por ejemplo, el caso del empleado bancario podría argumentar que olvidó dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de una operación de más de 10 mil dólares o que desconocía que los recursos fueran de procedencia ilícita.
Mencionó que la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita delimita el uso de efectivo para actividades vulnerables, como la venta de joyas o automóviles, lo cual limita a las personas el uso de recursos propios.
“Me parece preocupante que se pueda utilizar una figura como el lavado de dinero para violentar los derechos humanos”, dijo Figueroa Velázquez, sin embargo, consideró que perseguir el delito de lavado de dinero es crucial para atacar delitos relacionados con la delincuencia organizada.
El ponente estuvo acompañado por el maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas; la doctora Lidia Chávez Fonseca, jefa del Programa de Derecho; y el doctor Noé Ramírez Mandujano, profesor de Acatlán y moderador de la charla.
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