Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han surgido para representar y reproducir el conocimiento humano, pero aún no han alcanzado todos sus matices, señaló la doctora Josefa Dolores Ruiz Resa, catedrática de la Universidad de Granada, España, en el segundo día de actividades del XIII Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. El impacto y los desafíos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Ciencia Jurídica.
En la ponencia Nuevas tecnologías y ciencia jurídica predictiva, la especialista describió que dichas tecnologías podrán ser útiles para los estudios científicos sobre el derecho que busquen respuestas basadas en predicciones o en demostraciones de sus funciones, es decir, métodos inductivo o deductivo, sin embargo, dichos sistemas no abducen soluciones. “No pueden inventar respuestas (como lo hace el ser humano u otros seres vivos) no previstas o extraíbles del sistema para resolver un problema”, detalló.
Asimismo, acotó que las TIC basadas en la inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos no aprenden ni transforman el conocimiento explícito en nuevo conocimiento de la misma manera en que lo hacen los seres humanos: con información insuficiente, incompleta, limitada y usando formas de inferencias no basadas en cálculos lógico-formales, deductivos o inductivos. “La Ciencia Jurídica no puede ser solo predictiva o demostrativa, tiene que ser también inventiva y creadora”, destacó Ruiz Resa.
Por su parte, la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), continuó las participaciones con la ponencia El uso de la IA en la impartición de justicia en América Latina. En su intervención, la catedrática señaló que la aparición de la inteligencia artificial insertó una nueva variable al ecosistema digital, el cual es dinámico y cambiante, por lo que el derecho le sigue un paso detrás.
Mencionó que la IA irrumpió en distintos campos como el de la justicia y los servicios financieros, sin embargo, destacó, son las corporaciones y no los Estados los que se han adelantado en la creación de reglas y políticas sobre el uso de estas herramientas a pesar de esfuerzos por regular este ámbito, por ejemplo, el llamado del G7 para que los países creen códigos de conducta para el uso de inteligencia artificial.
De igual forma, consideró que estas tecnologías podrían ayudar a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita, por ejemplo, utilizarlas para auditar las sentencias y mostrar cómo un juez llega a una decisión. “Hay que pensar que la IA puede garantizar otros derechos humanos que no alcanzamos a ver a simple vista”, expresó la académica. Detalló que, de acuerdo con un estudio realizado por el CIDE, uno de los obstáculos para la implementación de la IA en el sistema legal en México es la falta de voluntad de actores clave que conduzcan a esta modernización.
A su vez, la doctora Evelyn Téllez Carbajal, catedrática del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), impartió la ponencia Seguridad y orden internacional en el uso de TIC, en la que hizo un llamado a pensar en la prevención, así como identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos por el uso de estos recursos. En cuanto al papel del Estado, la especialista destacó que se necesitan instituciones fortalecidas, con buena reputación y robustas que cooperen internacionalmente.
La profesora cuestionó cómo puede limitarse desde el contexto internacional el uso de estas tecnologías en contra de la población. “El derecho internacional se está quedando corto y muchas de las normativas ya no nos sirven… por ello, es necesario el involucramiento de la industria, la sociedad civil y la academia”, acotó.
En la ponencia Derecho a la información y salud sexual y reproductiva en América Latina, la doctora Pauline Capdevielle, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, citó algunos casos que llegaron al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, entre ellos, el de Paulina del Carmen vs México, donde personal de un hospital obstaculizó a una adolescente realizarse un aborto por un embarazo producto de una violación, además, ofrecieron información falsa a la víctima y la convencieron para no realizarse el procedimiento, lo anterior escudándose en la objeción de conciencia.
Dado este caso, la investigadora señaló que el derecho a la información en materia sexual y reproductiva deriva del derecho de la libertad de expresión, además, es una obligación del Estado proveer de información indispensable para el acceso a otros derechos, en especial con una perspectiva de laicidad, género, interseccionalidad e interculturalidad.
La investigadora describió casos donde la objeción de conciencia se situó como uno de los principales obstáculos a la información y acceso a los servicios de salud sexual o reproductiva, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 54/2018, donde la Suprema Corte de Justicia señaló que el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud y afecta los derechos de las mujeres.
Por último, la doctora Sandra Gómora Juárez, catedrática del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dictó la ponencia La enseñanza del precedente en México: retos e incógnitas, donde insistió en que los métodos de enseñanza de derecho en nuestro país, basados en la cátedra impartida por un profesor, dificultan la actitud crítica, el análisis y la participación activa de los estudiantes.
Consideró que la enseñanza del derecho debe integrar como objeto de enseñanza-aprendizaje los precedentes generados por órganos jurisdiccionales, pues estos son muestra de un derecho activo, vivo, que se transforma, además, la académica insistió en que no existen asignaturas centradas en la revisión de jurisprudencias.
“No podemos olvidar que debemos formarnos y formar a las nuevas generaciones con una visión del nuevo imaginario jurídico constitucional. Los precedentes y las sentencias de órganos jurisdiccionales son una herramienta central de conocimiento y de asignación de derechos que debemos estudiar seriamente dentro de las aulas”, dijo Gómora Juárez, y agregó que esto debe ser una tarea colaborativa entre el alumnado y el personal docente.
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