El Primer Congreso Internacional de Derecho Penal. Retos y perspectivas del Derecho Penal en el siglo XXI reunió a expertos de Argentina, Colombia, España y México para compartir sus conocimientos con la comunidad del Posgrado en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.
En la Sala de Videoconferencias del Posgrado, el congreso fue inaugurado por la maestra Kenya García Cruz, coordinadora de Maestrías y Doctorados de Acatlán, quien dio la bienvenida a los ponentes internacionales y deseó que estas jornadas fueran “fructíferas, productivas, de intercambio y de retroalimentación mutua”.
Como moderador de la primera mesa, el maestro Roberto Gabriel Ruiz y Ruiz, profesor de esta entidad multidisciplinaria, reconoció el interés para la realización de este evento de la doctora Ericka Judith Arias Guzmán, coordinadora de Estudios de Posgrado; la maestra Frida Estefanía García Astudillo, coordinadora del Posgrado en Derecho, así como a su equipo de trabajo y al doctor Javier Diez García, quien fungió como enlace y cocoordinador del evento.
Las participaciones iniciaron con la disertación del doctor José Antonio Álvarez León, docente del Posgrado en Acatlán, quien reflexionó sobre la prescriptibilidad y se cuestionó cuáles serían los temas que podrían pasar por el filtro de la imprescriptibilidad. El académico aclaró que el origen de la prescripción viene de dos elementos básicos: los procesales y los sustanciales. Detalló que el problema de la prescripción es que no hay condición suficiente, porque no están todos los elementos del delito.
Puntualizó el caso de los crímenes contra la humanidad, donde la prescripción se anula debido a la cantidad de evidencia que existe para imputar el delito, ya que incluso se pueden acreditar en el tiempo, siempre y cuando el responsable esté vivo. Al final de su participación advirtió que, si bien no hay que dejar de preocuparse por las víctimas, se debe pensar en cómo se aplicarían las penas por imprescriptibilidad, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales contra menores de edad, lo anterior a propósito de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para la no prescripción de este tipo de crímenes.
La segunda mesa del congreso, moderada por la maestra Virginia Reyes Martínez, contó con la participación del doctor Arturo Luis Cossío Zazueta, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien consideró que un derecho penal democrático debe velar por el respeto a los derechos humanos. Asimismo, alertó que existe un abuso de la prisión preventiva, una medida cautelar en materia penal que se aplica dentro del esquema de investigación y preparación del juicio.
Mencionó que esta no es una figura nueva, pues existía antes de la reforma constitucional al sistema penal del 2008 y desde entonces se abusaba de ella. El académico explicó que, cuando entró en vigor el nuevo sistema, se prometió limitar el uso de la prisión preventiva, la cual es “un mal necesario” cuando hay una ponderación de intereses, por ejemplo, entre “el derecho a la libertad” y la seguridad de las personas involucradas o el proceso.
Cossío Zazueta diferenció entre la prisión preventiva oficiosa y justificada, en el caso de esta última, señaló que existe un problema, pues los artículos 19 de la Constitución y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales indican que el Ministerio Público podrá pedir la prisión preventiva cuando otra medida cautelar no sea suficiente para proteger el éxito de la investigación, garantizar la continuidad del proceso con la presencia del imputado o salvaguardar a las personas y la comunidad.
“El problema es que se maneja como justificada la prisión preventiva por antecedentes, y ésta tendría que desaparecer”, explicó el ponente, y detalló que se puede solicitar la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de otro delito doloso, y consideró que aquí ya no se está hablando de un riesgo procesal concreto o demostrado, y que se está considerando peligrosa a una persona incluso aunque al final del proceso podría ser absuelta de los cargos.
También se presentaron los doctores Geovana Andrea Vallejo Jiménez (Colombia), especialista en Derecho Penal de la Universidad EAFIT; Maximiliano Rusconi (Argentina), catedrático de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Miguel Díaz y García Conlledo, catedrático de la Universidad de León, España, quienes dictaron a los alumnos de Posgrado las conferencias presentadas durante el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Materia Penal, dirigido a los estudiantes de licenciatura.
Al evento asistió como invitado especial el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada.
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