Para reflexionar sobre las modificaciones que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reforma electoral, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán convocó a cuatro especialistas a la mesa de análisis La Reforma Electoral, foro moderado por la maestra Patricia Lozano Sanabria, consejera del Instituto Electoral del Estado de México.
El doctor Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, consideró que el sistema electoral mexicano requiere una reformulación. Aunque en líneas generales coincide con la reforma electoral del presidente, el especialista criticó los cambios propuestos al elegir diputados y senadores, pues ya no serían electos por distritos, sino por listas conformadas de acuerdo con la población de cada entidad federativa. Cárdenas Gracia mostró su preocupación, ya que esas listas no serían abiertas, además, destacó que se busca reducir los diputados de 500 a 300, mientras que los senadores pasarían de 128 a 96, eliminando los electos por representación proporcional.
Otra modificación que propone el ejecutivo sería el cambio de Instituto Nacional Electoral (INE) a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que pasaría de 11 a siete consejeros, mientras que el Tribunal Electoral mantendría siete magistrados. El presidente propuso que consejeros y magistrados sean electos por la población de entre una lista de candidatos propuestos por los tres poderes, sin embargo, Cárdenas Gracia resaltó que los candidatos deberían ser elegidos por méritos.
Por videoconferencia, la doctora María Marván Laborde, coordinadora del Área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del IIJ, alertó que las propuestas de reforma electoral presentadas por el ejecutivo federal y otras fuerzas políticas son radicales, además, favorecen a las fuerzas políticas mayoritarias. Consideró que dichas propuestas se presentan a destiempo, pues generalmente se busca probar la eficacia de las reformas en elecciones intermedias y no en las votaciones presidenciales.
Marván Laborde resaltó que la propuesta presidencial es profundamente antifederalista, ya que pretende desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y Tribunales Electorales locales para ahorrar recursos, sin embargo, mencionó que se economizarían gastos al no pagar sueldos a consejeros locales y no existiría un ahorro sustancial, pues se incrementaría el gasto operativo para organizar procesos locales.
La académica mostró su desacuerdo con la propuesta del ejecutivo, que sugiere reducir los integrantes de los congresos locales, por lo que consideró que la federación no debe imponerle a cada estado el tamaño de su congreso. De igual forma, Marván Laborde dijo que se debe replantear de fondo el modelo de comunicación política, esto en referencia a que el presidente propone recortar los tiempos en radio y televisión en periodos electorales, pasaría de 48 a 30 minutos.
Por su parte, la doctora Karolina Monika Gilas, del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos, acotó que en este momento hay cinco propuestas de reforma electoral realizadas por las diferentes fuerzas políticas, estas iniciativas cuentan con importantes diferencias, pues mientras que la propuesta presidencial respaldada por Morena se enfoca en cambiar la gobernanza electoral, los otros partidos proponen derechos y acciones afirmativas.
La investigadora señaló que en las propuestas existen temas pocos viables, entre los que destacan el proceso de designación de quienes integran el Consejo General del INE (Morena), la eliminación del comité técnico evaluador de los aspirantes a consejerías del INE (PT), la nulidad de las elecciones en caso de sospechas de intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la disminución de la sobrerrepresentación en el congreso y la segunda vuelta presidencial (PRI-PAN).
En cambio, expresó, hay otros temas con mayor viabilidad, pues hay convergencia de las fuerzas políticas, algunos de ellos son la reducción de las dos cámaras, en especial disminuir a 300 los diputados; la desaparición de las autoridades electorales locales, en específico de los OPLEs y Tribunales; y el voto electrónico.
A su vez, el doctor César Astudillo Reyes, fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del IIJ, dijo que la iniciativa del presidente es reflejo de la profunda insatisfacción que tiene con las instituciones electorales y celebró que el ejecutivo busque hacer cambios a través de las vías institucionales.
Astudillo Reyes consideró que este cambio se está proponiendo en la antesala de las elecciones de 2024, las más grandes la historia de México, además, mencionó que generalmente las reformas vienen por impulso de la oposición, en cambio, ahora quien propone esta transformación es el gobierno en turno.
Describió que se ha tomado a la Constitución como un reglamento electoral, en la que se han puesto disposiciones que deberían estar en las leyes electorales, en los acuerdos de los institutos y en reglamentos interiores, esto se debe a que es una forma de blindar los cambios frente a la oposición, aunque consideró que él no ve que la oposición tenga incentivos para votar a favor de una reforma constitucional.
Finalmente, Astudillo Reyes señaló que un tema del que se habla poco es el de la Fiscalía Electoral, que, aunque existe formalmente, ya no hace la función para la que fue creada. “Hay que tener cuidado con esto”, alertó el experto.
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