La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital unieron esfuerzos para realizar el foro La transformación digital del Estado; Importancia de la gestión documental electrónica y ciberseguridad en los gobiernos.
El maestro Carlos Flores Rico, investigador asociado del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM) de la FES Acatlán, dio la bienvenida al foro señalando que la transformación digital en los gobiernos va más allá de la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como un cambio cultural impulsado por las personas, quienes deben realizar cambios en la gestión de los asuntos públicos, capacitarse, adaptarse y emprender nuevos procesos de organización.
Por su parte, el doctor David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas, señaló que la revolución tecnológica en la administración pública avanzó de los modelos burocráticos de Weber a la adopción de tecnologías como el e-learning, la robotización, el e-commerce y el gobierno electrónico, asimismo, celebró la realización de este tipo de espacios académicos que promueven la innovación y la discusión.
A su vez, la maestra Erika Lucía Rangel Palencia, subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico del Archivo General de la Nación (AGN) de Colombia, indicó que se debe reconocer el valor de los documentos en la toma de decisiones, la transparencia y la restitución de derechos de los ciudadanos. La especialista dijo que la gestión documental electrónica en su país se enfrenta a retos como el acceso, los modelos de procesamiento, la sistematización y clasificación de una considerable cantidad de información y metadatos.
La experta señaló que a partir de la publicación de la Ley de Comercio Electrónico 527, en Colombia se han generado más disposiciones normativas a favor de la modernización. Detalló que actualmente el AGN trabaja en un decreto para reglamentar aspectos asociados a la digitalización, transferencias secundarias electrónicas y expedientes digitales. De igual forma, esta instancia estableció un modelo de gestión documental y administración de archivos para todas las instituciones colombianas, con este esfuerzo no solo se busca orientar a las organizaciones en el cumplimiento de la política de archivos, sino que estas identifiquen en qué etapa de modernización se encuentran, dijo Rangel Palencia.
Del mismo modo, la maestra Claudia Alin Escoto Velázquez, especialista de gestión documental y archivos, acceso a la información y protección de datos personales, habló sobre la importancia de la Ley General de Archivos, publicada en México en 2018, y en la cual se establecieron principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación de cualquier archivo en posesión de un sujeto obligado, tal como se establece en el artículo 6 constitucional.
Añadió que esta ley pretende sentar las bases para el desarrollo de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos, que estaría encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos que beneficien a toda la ciudadanía. Escoto Velázquez también destacó la importancia de que nuestro país adopte modelos internacionales de gestión documental, en cuyo caso, México cuenta con el modelo implementado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, de la que el INAI forma parte.
Finalmente, el maestro Netzer Gabriel Díaz Jaime, director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM), señaló que, si bien se debe atender a la parte normativa del uso de herramientas digitales en la administración pública, también se debe incidir en
la vida de las personas.
Díaz Jaime hizo un llamado a la colaboración entre el sector federal, estatal y municipal para mejorar el servicio que las instituciones públicas brindan a las personas, en especial después de las recientes elecciones, pues cerca de mil 910 gobiernos locales cambiarán de funcionarios, de ahí la importancia que estos favorezcan la continuidad de sus ejercicios y de esa forma garantizar la eficiencia y eficacia en los servicios prestados a la ciudadanía.
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