“Cada peso que se evade en impuestos es un peso que deja de invertirse en infraestructura, educación, salud o seguridad; este es un robo silencioso a todos los mexicanos. Por eso la erradicación total de esta problemática requiere un enfoque integral que combine la tecnología, la inteligencia financiera, la cooperación entre autoridades y la participación del sector privado y la sociedad en su conjunto”, expresó el maestro José Luis Morfín Cervantes en la Mesa de análisis, “Huachicol Fiscal”.
Los especialistas participaron en el evento con el que el Programa Único de Especializaciones en Derecho (UPED) celebra 10 años en la Facultad de Estudios Superiores (FES Acatlán) Acatlán, y forma parte también de la Semana de las Especializaciones así como de la Expo Posgrado 2025.
El análisis coincidió en que, para el caso del huachicol fiscal, la cobertura mediática ha sido insuficiente para comprender las consecuencias de los delitos en que se incurre, así como para mostrar la incapacidad técnica y la falta de voluntad política de las autoridades, que les han impedido obtener resultados concretos y satisfactorios.
María José Sánchez Loredo, abogada especialista en derecho fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la dimensión del monto dado a conocer por este delito va de los 500 mil millones a los 800 mil millones pesos. Corresponde, por ejemplo, al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, o al equivalente a dos veces el presupuesto total de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría Marina Armada de México (SEMAR) juntas o la construcción de dos refinerías Dos Bocas.
De ese monto, las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconocen 600 mil millones de pesos, de los cuales solamente están querellados (en proceso judicial) 16 mil millones de pesos.
“¿Dónde está todo lo demás? Nos queda perfectamente claro que el huachicol fiscal surge en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y usado principalmente para tres cosas: financiamiento de las campañas de la 4T, indistintamente del sector y del nivel federal, municipal, estatal; el claro enriquecimiento ilícito de servidores públicos, funcionarios, empresarios que de la nada hicieron granes fortunas y; por supuesto, para equipar las organizaciones paramilitares de los cárteles de México”, declaró.
La abogada Isanami Paredes Gómez, maestra en Administración de Negocios por la Universidad del Valle de México (UVM), explicó que desde su punto de vista, este no es cualquier delito, lo equipara al homicidio y enlistó la cantidad de delitos en los que incurrieron, tan solo los funcionarios públicos:
“La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los siguientes delitos: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, simulaciones de actos jurídicos, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia entre otros”.
El doctor Javier Ramírez Escamilla señaló: “hasta dónde nos llevó esa política de besos, abrazos y no balazos. Y esto es lo que sabemos que están pasando en los puertos ahora imagínense lo que ha de estar pasando en los aeropuertos que están controlados por el gobierno. Este es un tema transnacional porque se ha logrado corromper a las autoridades de Canadá, Estados Unidos y México y está generando tanto dinero que puede considerarse al huachicol fiscal el segundo mayor ingreso de los cárteles de las drogas, seguido obviamente de los opioides”.
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