El combate eficaz contra los índices delictivos requiere trabajo colaborativo entre secretarías de seguridad y fiscalías, en el que ambas dependencias cuenten con unidades de análisis criminal, además de modernizar los programas de prevención, que en algunos casos datan de más de 20 años, afirmó la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora Patricia Lucila González Rodríguez.
Al participar en la conferencia La prevención del delito en el nuevo gobierno: críticas, análisis y perspectivas, la también ex procuradora general de Justicia del Estado de Chihuahua consideró pertinente la conformación de programas generales de prevención para ilícitos como la trata de personas, así como la evaluación obligatoria de objetivos en el análisis delictivo.
De acuerdo con la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se puede pensar de manera ilusoria la posibilidad de erradicar los homicidios, por tratarse de actos ilícitos que forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, es posible reducir la indicencia de los mismos. Los delitos posibles de erradicar: robos y las violencias de género, mediante estrategias de seguridad y educación.
El doctor Ricardo Gluyas Millán, docente e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), alertó que la extorsión es el delito más frecuente cometido contra empresas a nivel nacional, además, 67 por ciento de las medianas empresas ceden ante las exigencias de los delincuentes es decir, dos de cada tres.
En el acto, en la sala de Videoconferencias de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, el maestro Aldo Mancilla Nava, docente del plantel, afirmó que la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por la inteligencia y la coordinación institucional, pero el verdadero reto es lograr que esas acciones se traduzcan en una percepción tangible de seguridad para la población.
Consideró que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador difundió la falsa narrativa de la disminución de los homicidios dolosos y de que el país vive un proceso de pacificación, pero las cifras oficiales de la propia administración señalan que dicho delito aumentó 27.5 por ciento con respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Mancilla Nava, es prioritario monitorear los actos de violencia contra autoridades, candidatos y militantes de partidos políticos, así como el cobro de piso, por lo que consideró obsoleto llamar “narcos” a los grupos criminales, pues el trasiego de drogas ya no es la única actividad ilícita a la que se dedican: la extorsión es otras de sus principales fuentes de ingresos, extendido en amplias zonas del territorio nacional, lo cual es resultado de la política negacionista de López Obrador.
El doctor Rafael Santacruz Lima, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, lamentó la falta de confianza pública en las instituciones, por lo que se pronunció por fortalecer la prevención social del delito, abordando las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
A su parecer, es fundamental el fomento a la participación ciudadana en la prevención de conductas ilícitas mediante la creación de redes ciudadanas y la promoción de la cultura de la legalidad.
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