Especialistas coincidieron en que la actual tributación sobre las bebidas azucaradas en México genera desigualdad e incumple con el propósito de mejorar la salud pública. En el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la investigación en la ciencia jurídica, académicos de México y Brasil analizaron las implicaciones económicas, sociales y jurídicas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos.
En el acto, donde también presentaron el libro Impuesto a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extrafiscal?, el maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, destacó que el seminario reafirma el compromiso universitario con la investigación jurídica: “Estos espacios nos permiten reflexionar sobre cómo la ley y la política fiscal impactan la vida cotidiana. La tributación debe servir no solo para recaudar, sino para promover la justicia social y el bienestar colectivo”.
Desde Brasil, el doctor Argos Campos Ribeiro Simões, auditor de Hacienda del Estado de São Paulo y presidente del Tribunal de Impuestos y Tasas, cuestionó la forma en que México grava las bebidas azucaradas. “El IEPS actual favorece a las grandes empresas, como Coca-Cola, y castiga a las pequeñas y medianas. Se recauda mucho menos de lo que podría y se genera una competencia desleal”, señaló. Además, añadió, la tasa fija por litro es regresiva, pues “los consumidores de bajos ingresos terminan pagando más en proporción a su capacidad económica, lo cual contradice los principios de equidad y proporcionalidad”.
El doctor Allan Fallet, profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, coincidió en que la política fiscal mexicana necesita profunda revisión. “La tributación debe ser lo más neutral posible. Un impuesto sobre el azúcar puede tener fines extrafiscales, pero si no se aplica con proporcionalidad, termina afectando la equidad y la economía de los sectores más vulnerables”. Recordó que en países como Dinamarca y Reino Unido abandonaron o reformaron dichos gravámenes por los efectos negativos sobre el mercado, así como la escasa eficacia para reducir el consumo de azúcar.
El doctor Gerardo García Silva, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, subrayó que la discusión sobre el IEPS debe trascender la simple recaudación. “No basta con aumentar impuestos para cuidar la salud. El problema es estructural: México requiere una reforma fiscal integral que respete los principios constitucionales de progresividad y equidad. Los que más tienen deben aportar más”, y agregó que la actual política fiscal “castiga a los contribuyentes cautivos y afecta especialmente a quienes menos ganan”.
La doctora Elba Jiménez Solares, profesora de posgrado del plantel, resaltó la relación entre fiscalidad y derechos humanos. “Incluso en materia tributaria existen derechos humanos. Cuando un impuesto no es proporcional ni equitativo, vulnera esos derechos. Por el momento, el consumidor paga más por el refresco, pero no ve reflejado ese dinero en salud pública ni en infraestructura básica, como acceso al agua potable”, por lo que propuso sustituir la cuota fija por la tasa de 15 por ciento sobre el valor del producto, de modo que “quien tenga más, pague más”.
El evento concluyó con la invitación a la comunidad universitaria a consultar el libro en cuestiónb, disponible en la biblioteca de la División de Ciencias Jurídicas, así como en formato digital. Los ponentes coincidieron en que el análisis académico del sistema tributario es indispensable para construir un modelo fiscal más justo, eficiente y con verdadero impacto social.
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