El Cuarto Congreso Metropolitano de Política Criminal y Delitos Electorales, organizado por la División de Ciencias Socioeconómicas, la Unidad de Estudios de Posgrado y la División de Ciencias Jurídicas de esta Facultad, abrió un espacio de análisis sobre los desafíos actuales en materia electoral que atentan contra la vida democrática del país.
En la inauguración, la Doctora Ericka Judith Arias Guzmán, Secretaria General de la FES Acatlán, destacó que la consolidación del Estado democrático en nuestro país exige no solo marcos normativos sólidos, también de instituciones eficaces, además de una ciudadanía informada y participativa.
“La UNAM y en particular nuestra Facultad, han asumido históricamente la responsabilidad de fomentar el pensamiento libre, plural y riguroso. En este sentido, este Congreso se consolida como un foro académico de gran relevancia en el que convergen diversas perspectivas para abordar problemáticas que inciden en la vida pública”, mencionó en el acto.
En tanto, José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, destacó que este encuentro representa un punto de convergencia de ideas y reflexiones críticas en torno a temas fundamentales para el Estado de derecho y la justicia social en un momento político de alta relevancia.
“La política criminal, entendida como el conjunto de estrategias y acciones del Estado para prevenir y responder ante fenómenos delictivos, se encuentra en constante transformación. Hoy más que nunca requiere de una visión integral que no solo contemple la sanción, sino también la prevención y la reinserción social”, agregó Álvarez González.
En la ponencia, Jaime Fernando Cárdenas García expresó que el mayor problema en la actualidad es el financiamiento ilegal en las contiendas electorales; no solo se refirió al crimen organizado, también a empresarios cuyos recursos rebasan los topes permitidos por la Constitución.
Cárdenas García se refirió al libro “Dinero bajo la mesa”, de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, donde señala que las campañas en México se financian con recursos equivalentes a 14 veces o más de lo que reciben los partidos legalmente. “Significa, que hay mucho dinero en las campañas que no es fiscalizado, que no sabemos de dónde viene y que además rompe la equidad y la autenticidad electoral”.
El especialista señaló al financiamiento privado entre las causas más importantes de la corrupción político-electoral en México. Explicó que este mecanismo genera compromisos de campaña que posteriormente los cobran mediante adjudicaciones directas de contratos, obras y permisos públicos, de ahí que propusiera prohibir el uso de efectivo y de apoyos en especie en los procesos.
“Si eliminamos el financiamiento privado, resolveríamos en parte los problemas de corrupción. Hay que prohibir el dinero en efectivo y los apoyos en especie. Todo eso debe tener una respuesta penal para que los apoyos sean solamente por transferencias bancarias y financieras”, consideró el especialista.
Del mismo modo advirtió sobre el uso clientelar de los programas sociales y alertó sobre la severa impunidad que existe debido al abandono institucional en el que se encuentran las autoridades encargadas de perseguir estas conductas, pues es el sector menos favorecido dentro de las estructuras de procuración de justicia.
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