El I Congreso Internacional de Derecho Fiscal denominado“Retos actuales del IEPS en las bebidas azucaradas” cerró en el campus con la mesa “La regulación fiscal de las bebidas azucaradas”. El evento, organizado por la División de Ciencias Jurídicas, reunió a expertos de la UNAM y un especialista de Brasil para abordar la eficacia de los impuestos extrafiscales en la salud pública.
Desde diferentes perspectivas los analistas coincidieron en el sentido de que a más de una década de la implementación de este impuesto, México se mantiene como el principal consumidor de refrescos a nivel mundial.
En la mesa cuatro, José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, celebró la colaboración entre la FES Acatlán, la Facultad de Derecho y la FES Aragón. Destacó la relevancia de este congreso para el alumnado al apuntar que la formación en derecho fiscal es vital ante los retos económicos actuales y agradeció la presencia de académicos de Brasil, quienes aportaron una visión comparada a la discusión sobre el IEPS.
Israel Santos Flores, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó la verdadera finalidad de los impuestos “pigouvianos” en el país. Señaló que, aunque el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ha pasado de un peso por litro en 2014 a tres pesos en 2026, la demanda de estos productos sigue siendo inelástica.
“El consumidor que es adicto a la bebida la seguirá comprando; el cambio de conducta que busca la teoría económica no se está reflejando en la realidad mexicana”, afirmó.
El investigador profundizó más al destacar una contradicción profunda en el acceso a servicios básicos: mientras solo el 28 por ciento de la población tiene acceso regular a agua potable, la distribución de bebidas azucaradas llega a las zonas más remotas del país. Según el experto, imponer una carga tributaria sin ofrecer alternativas reales de hidratación saludable resulta inoperante.
“Tendría que haber una concreción entre lo que recauda este impuesto y en aquello en que se está utilizando para combatir esta externalidad, es decir, los males que tenemos todos los mexicanos: obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces sería interesante hacer una trazabilidad entre el impuesto y la resolución de los problemas de salud pública”, detalló.
Elba Jiménez Solares, docente de Acatlán, abordó la validez material y formal de las normas fiscales desde la perspectiva de los derechos humanos. Advirtió que la potestad tributaria del Estado tiene límites constitucionales y que cualquier actualización de cuotas debe respetar el proceso legislativo. Jiménez Solares enfatizó que los impuestos no deben ser discriminatorios ni atentar contra la libre competencia, recordando que el sistema fiscal debe ser armónico con los estándares internacionales de proporcionalidad y equidad.
“El Estado tiene la facultad de determinar los impuestos, establecerlos a través de estas normas fiscales, pues no puede crear leyes fiscales que pudieran incluso resultar violatorias de los derechos humanos en el ámbito de las normas fundamentales.
“Esas normas fundamentales pueden ser normas constitucionales, pues es muy claro encontrar que hay una serie de principios comunes entre ellos, está el principio de proporcionalidad, el de equidad, pero también está la legalidad, la seguridad, la certeza jurídica y en un momento dado, debería de haber también recursos o mecanismos para poder impugnar la disposición de la norma y que esta sea corregida en su caso”, dijo la especialista.
El investigador brasileño Argos Campos Ribeiro Simões abordó el tema desde la perspectiva de los derechos del consumidor. “¿Estaría tal opción tributaria violando principios relativos a la protección de los derechos humanos básicos?, cuestionó.
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