Como parte del IX Congreso Nacional e Internacional Anticorrupción El combate a la corrupción para el rescate del estado democrático y de derecho inició con las palabras de la coordinadora, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria. La doctora dictó la conferencia magistral La restricción de los Derechos Humanos y la valoración de la prueba en las resoluciones disciplinarias de los Tribunales de Justicia Administrativa.
Toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula, remarcó a los presentes en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM), y enfatizó que la restricción de estos derechos está sustentada por el tercer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, hay tres prohibiciones básicas: la pena de muerte, la tortura y la restricción automática, puntualizó la ponente. Para que la autoridad irrumpa en el derecho privado requiere del test de proporcionalidad, así como la debida fundamentación de motivos.
Por otro lado, aseveró que aceptar algún cargo político sin saber sobre derecho es corrupción, y profundizó sobre el derecho disciplinario, en el cual no hay víctimas físicas, ya que “el ofendido es el Estado”.
La jornada académica continuó con la mesa de debate El Derecho Disciplinario como herramienta político-administrativa en la Función Pública, donde los cuatro integrantes destacaron que el Estado debe disciplinar a los servidores públicos que hagan mal uso del cargo, así como la necesidad de que sean personas capacitadas, comprometidas y con vocación de servir.
“Las personas servidoras públicas, aunque no lo queramos ver así, son auténticamente la verificación del Estado”, precisó Yuri Pavón Romero, el primero de los doctores participantes en hacer uso de la voz. Indicó que tienen la obligación de corresponder con eficiencia y efectividad, “pero también con ética y de igual sentido con la postura de actuación de un servidor público”.
Miguel Alejandro López Olvera manifestó que “sabemos que nuestro país está en crisis” y llamó al rescate de los valores, principios y derechos que deben regir en un estado democrático de derecho. “Tenemos que modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y que el ingreso al servicio público sea por convocatorias públicas y abiertas” con el objetivo de lograr una buena administración pública, sentenció.
Los doctores colombianos Diego Fernando Tautiva Oyuelo y Jairo Enrique Bulla Romero se incorporaron al diálogo del CEMM.
El primero señaló que México y Colombia son países hermanos que presentan grandes similitudes. Los servidores públicos no son privilegiados de la sociedad, sino los responsables de mejorar las cosas, “porque nuestras constituciones, con sus debidas reformas, lo que han tratado es de hacer un compromiso para que todos nos podamos desarrollar en sociedad”.
Por su parte, Bulla Romero expresó que el Estado es únicamente “una entelequia, una figura, una ficción”, un concepto abstracto cuyas interacciones se ven limitadas a las personas que lo representan. “Para combatir la corrupción hay que tener claro el concepto del servicio público”, al cual debe acudir gente con la vocación de servir “y no de servirse”.
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