En las mesas “Lavado de dinero y fortalecimiento del sistema financiero mexicano”, cinco especialistas analizaron algunos de los escenarios que enfrenta México, en materia de dinero de procedencia ilícita, particularmente la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde junio del 2025 y que podría concluir en octubre del año en curso.
Organizada por la Coordinación de Especializaciones, a través del Programa Único de Especializaciones en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán en esta mesa los especialistas evitaron un escenario catastrófico, pero coincidieron en que pese a que existe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el resultado de esta quinta revisión del GAFI podría afectar la economía nacional.
Estas actividades forman parte de los trabajos de la Coordinación de Especializaciones que integran las áreas de conocimiento de la especialización en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas y el Programa Único de Especializaciones en Derecho (PUED).
Participaron Víctor Humberto Benítez González, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, Soraya Pérez Munguía, Presidenta Ejecutiva de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX). Ambos abordaron el tema desde la perspectiva gubernamental, notarial y financiera respectivamente.
También los ponentes Regina Martha González, Coordinadora académica de la certificación en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Sandra Concepción García Montoya, colaboradora de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y, Javier Martínez Cruz, Director de IA Datapremium. Los dos últimos especialistas son egresados de la Especialización en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas, en el posgrado de esta Facultad.
De acuerdo con los organizadores el objetivo de estas actividades es abrir un espacio de reflexión, que vincule a la comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado, así como expertos en la materia de tal modo que se fomente el intercambio de ideas en torno a la temática propuesta en torno a las implicaciones del lavado de dinero y la forma en que este problema es atendido por las autoridades de seguridad y procuración de justicia, entre otros aspectos.
“Lejos de ser el lavado de dinero un tema exclusivo de técnicos especialistas, implica profundos retos para la estabilidad y economía del país, para la seguridad jurídica y por supuesto, también para la confianza en nuestras instituciones. La prevención de lavado de dinero no es una simple obligación administrativa ni un conjunto de avisos que cumplir. No es únicamente llenar formatos, integrar expedientes, dar avisos; es uno de los instrumentos más relevantes, como una política pública para el Estado mexicano”, apuntó Francisco Arce Arellano.
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