La doctora Marta Franch Saguer, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en contratación pública, impartió la conferencia sobre tema clave en el servicio público: las concesiones administrativas. Desde el inicio, la académica subrayó la diferencia esencial entre ese tipo de contratos y los de obras o servicios: el riesgo operacional.
“No hay contrato de concesión si el concesionario no tiene riesgo. Si no hay riesgo, no existe concesión”, enfatizó. Dicho riesgo implica que la empresa privada que gana alguna licitación puede obtener beneficios, pero también perder dinero si las condiciones no resultan como esperaba detalló al presentar la disertación denominada Concesiones Administrativas en Europa.
Para ilustrarlo, la especialista recurrió a ejemplos cotidianos: “Imaginen una autopista en la que se preveían 300 mil coches diarios y solo pasan 50 mil. O una piscina pública que permanece vacía todo el verano porque llueve. En esos casos, la empresa no puede ir a tocar la puerta del gobierno para pedir que le cubran las pérdidas”. Esa práctica, recordó, común en España hasta 2017, cuando la Unión Europea obligó a cambiar las reglas.
De acuerdo con Franch Saguer, el error de fondo sucedía en que las administraciones aseguraban las ganancias privadas con dinero público. “Hasta entonces, si el concesionario perdía dinero, la administración le hacía un reequilibrio económico y le pagaba la pérdida. La Unión Europea dijo claramente: esto no es una concesión administrativa”.
La profesora detalló que la directiva europea de 2014 marcó un antes y un después: “Si el riesgo lo asume el Estado, estamos ante un contrato de servicios; solo si lo asume el privado hablamos de concesión”. Esto, detalló, impacta en las finanzas públicas, pues una concesión real no computa como gasto del Estado, lo que ayuda a mantener el equilibrio presupuestal.
La doctora Franch reconoció que el gran reto está en calcular bien los costos y supervisar la ejecución de estos contratos. “Si la administración hace mal los números y la empresa quiebra, el problema regresa al propio Estado”, advirtió. Por ello, insistió en la necesidad de apoyo técnico especializado: “Muchas veces nuestros funcionarios no saben hacer los cálculos y el concesionario sabe 10 veces más. Eso es un fracaso del Estado”.
Como ejemplo, mencionó la autopista AP-7 en Cataluña, cuya concesión la alargaron seis décadas con condiciones poco transparentes. “Se pagaron peajes durante 60 años. Hoy estamos contentos porque ya no pagamos, pero la carretera está en peor estado que cuando estaba en manos del concesionario”, relató, al tiempo que subrayó que este tipo de experiencias muestran las ventajas y desventajas de cada modelo.
Al concluir, la especialista dejó sobre la mesa el debate de fondo: “¿Quién presta mejor los servicios públicos, el Estado o los privados? La respuesta no es elegir uno u otro, sino garantizar que las concesiones tengan un equilibrio real de riesgos y que la ciudadanía reciba servicios de calidad”.
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