El Primer Congreso Internacional sobre Desaparición de Personas se desarrolló en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y constituyó espacio académico y crítico en el que especialistas nacionales e internacionales analizaron desde distintas perspectivas un fenómeno que constituye una de las crisis más graves de derechos humanos en México y América Latina.
El encuentro, inaugurado por el doctor Juan Manuel Barrera Grageda, coordinador de Posgrado en Derecho, tuvo como objetivo difundir avances teórico-metodológicos y generar propuestas para enfrentar la problemática, que afecta a todos los sectores de la población y que es urgente establecer un protocolo unificado de datos que apoye a autoridades, investigadores y colectivos de búsqueda.
Entre los temas abordados, el doctor Salomón Augusto Sánchez Sandoval advirtió que la desaparición no es hecho aislado, sino un fenómeno que se enmarca en décadas de violencia e impunidad en la región, con vínculos entre poderes políticos, económicos y criminales. Señaló que, con el neoliberalismo, las personas se han convertido en “mercancía”: víctimas de trata, explotación laboral, sustracción de órganos e incluso de prácticas vinculadas al crimen organizado.
La doctora Elba Jiménez Solares resaltó la necesidad de consolidar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Advirtió que la falta de metodología y la dispersión normativa han provocado bases de datos incompletas o erróneas, lo cual obstaculiza la búsqueda. Propuso crear una ley específica en materia de registro y sanciones para quienes manipulen información con fines políticos o administrativos.
En otra de las ponencias, el doctor Gerardo García Silva calificó como fallida la política criminal del Estado mexicano en materia de desaparición forzada. Destacó la crisis forense, la falta de coordinación interinstitucional y la impunidad, que permiten que menos de uno por ciento de los casos lleguen a sentencia. Recordó que actualmente se contabilizan más de 130 mil personas desaparecidas, así como 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses y cementerios del país.
La doctora María Fernanda Sánchez Díaz centró su participación en el papel de los colectivos de madres buscadoras, cuya labor ha sido clave para impulsar leyes y visibilizar la crisis. Sin embargo, denunció la revictimización institucional, la falta de recursos para la identificación de cuerpos y la criminalización de quienes buscan a sus familiares. Enfatizó que la desaparición debe analizarse desde la dignidad humana, pues se trata de un daño que se prolonga en el tiempo y que impide a las familias vivir un duelo digno.
La doctora Claudia Eugenia Sánchez Hernández reflexionó sobre los retos éticos y legales del uso de la Inteligencia Artificial en la investigación de desapariciones. Si bien reconoció que puede facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de información, advirtió riesgos en materia de privacidad, vigilancia y uso indebido de datos sensibles, por lo que propuso un marco legal robusto que ponga los derechos humanos en el centro.
Las y los ponentes coincidieron en el llamado a evitar normalizar la desaparición, fortalecer las capacidades institucionales y mantener viva la exigencia de verdad, justicia y reparación.
El Primer Congreso Internacional sobre Desaparición de Personas contó con la participación de especialistas de las universidades de Guadalajara y Veracruzana, así como las universidades autónomas de Chihuahua, Guerrero y Querétaro, además de especialistas de Brasil, quienes brindaron ponencias vía remota.
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