En el marco del Seminario Instituciones, Democracia y Participación Política, se realizó la mesa Pueblos y comunidades originarios en México, donde especialistas analizaron el tema desde diferentes perspectivas. El evento fue moderado por el doctor Antonio Faustino Torres, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
En la Sala de Videoconferencias del Posgrado, el doctor Enrique Inti García Sánchez, secretario de apoyo en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habló de la reforma al artículo 2º constitucional en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, la cual se aprobó casi por unanimidad en el periodo de transición entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
El ponente señaló que, en cuanto a temas político-electorales de las comunidades indígenas, la reforma reconoció de la naturaleza multiétnica del país, además del carácter colectivo de los pueblos indígenas. De igual forma, prosiguió, les otorgó recursos públicos para que los utilicen de manera directa a través del autogobierno y ponderó la realización de consultas sobre la emisión de nuevas normas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo a nivel federal.
A pesar de que esto significa un avance, García Sánchez destacó que diferentes voces cuestionan que tanto se ejercen estos derechos en la cotidianidad de los pueblos, si realmente funcionan las acciones afirmativas y si las autoridades electorales están capacitadas para armonizar los usos y costumbres de las comunidades con el sistema de partidos políticos mexicanos.
En cambio, la maestra Tannya Citlali Camargo Hernández, directora jurídica del Instituto Morelense de Radio y Televisión, consideró que esta reforma constitucional busca visibilizar la participación de los pueblos en la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades específicas, ya que, aunque los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son reconocidos constitucionalmente, es necesario garantizar que sus integrantes puedan acceder a dichas garantías.
Agregó que el reconocimiento constitucional también se proyecta internacionalmente, por lo que México deberá hacer valer todos los derechos en el marco constitucional. Por último, señaló que es necesario diseñar instrumentos que logren la materialización de todo lo establecido en la ley para convertirlo en una realidad concreta.
Roselia Bustillo Marín, zapoteca de Juchitán, Oaxaca, y actualmente secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que uno de los temas más notorios de las elecciones de 2024 fue la presencia de candidatos y candidatas indígenas, pues los partidos políticos postulan personas indígenas como parte de acciones afirmativas, sin embargo, los votantes muchas veces no conocen su existencia.
La ponente también habló de la autoadscripción calificada, referida en el artículo 2º constitucional, pues los partidos están obligados a registrar candidatos indígenas para acceder a diputaciones, senadurías y congresos locales.
Explicó que, a partir de sentencias de 2018, el Tribunal Electoral obligó al INE a realizar consultas en todos los pueblos para obtener datos y con ello crear lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscripción calificada de estos candidatos y con ello evitar la usurpación de cargos.
La ponente enumeró algunos de los requisitos para ser candidato indígena, entre ellos: hablar una lengua originaria, ser descendiente de una persona indígena, haber desempeñado un cargo en la comunidad o participado en reuniones de trabajo a favor de ella, entre otros.
Detalló que esto plantea una disyuntiva, porque una persona podría cumplir varios requisitos sin considerarse indígena, pero también existe el derecho humano a la identidad y el Estado no puede vulnerarlo. Bustillo Marín consideró que, dada su complejidad, este es un tema no resuelto, por ello se debe seguir estudiando sobre los pueblos originarios.
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