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El Doctor Manuel Martínez Justo, Director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, inauguró el XXI Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, en las salas Querétaro y Quintana Roo del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, donde destacó los conocimientos y la experiencia de los participantes en el estudio, enseñanza y aplicación de la especialidad en nuestro país.

Frente a los asistentes, el doctor Martínez Justo subrayó que “el reparto y la distribución de las tierras no es asunto menor ni sencillo, implica muchos factores que generan cierto grado de complejidad. La resolución de sus conflictos, la gobernanza y la gobernabilidad pasa por sus manos”.

Y agregó que “vivimos una etapa en esta nueva administración del gobierno federal donde se quiere, de alguna manera, regresar y darle un valor importante al campo. Al mismo tiempo, se tiene que tomar el recurso a la propiedad para la generación de una serie de obras que, si bien pretenden cambiar el desarrollo de este país, significará tener que recurrir a esta materia tan importante: el derecho agrario”.

Por su parte, el licenciado Jorge Reyes Caldera Arroyo, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, en compañía del doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del comité organizador, destacó que el objetivo del congreso es compartir la experiencia y conocimientos de los servidores públicos del sector agrario y agropecuario de los tribunales, con académicos e investigadores, que son los principales actores sociales de México.

En la primera sesión, Realidad y perspectivas del derecho agrario en México, participaron el doctor Isaías Rivera Rodríguez, de la Universidad Panamericana campus Guadalajara; la maestra Carmen Laura López Alamaraz, Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior Agrario y el doctor Carlos Humberto Durand Alcántara, de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco.
Rivera Rodríguez señaló cuatro factores que intervienen en la materia: el factor humano, que es referido a los sujetos agrarios individuales y colectivos; el factor material, los recueros naturales, es decir, las tierras de los ejidos; el factor productivo que es la capacidad de los sujetos agrarios respecto a las tierras ejidales para hacerlas productivas, y la sustentabilidad, que son las estructuras de apoyo como las secretarías de estado, los tribunales y las procuradurías agrarias.

A su vez, López Alamaraz comentó que el derecho agrario es fundamental para el desarrollo económico de México, además, señaló que si la totalidad de la tierra agraria fuera explotada, el país sería un emporio, sin necesidad de importar ningún tipo de producto convirtiéndose en una potencia exportadora. Agregó que más del 50 por ciento del territorio nacional es propiedad social en la que los ejidos y comunidades ocupan gran parte, una es la tierra entregada, esto son los ejidos, y otra parte la conforman la propiedad prehispánica, reconocida por autoridades de la corona española.

Con base en datos de los censos agropecuarios, Durand Alcántara manifestó que más de seis millones de pobladores rurales están desprovistos de medios de producción, viven con sus familias en calidad de desheredados de la tierra, sin mayores esperanzas que migrar. Añadió que en el caso de los ejidatarios indígenas, tuvieron una propiedad social que por sí misma iniciaba su liquidación con el ensanchamiento de las relaciones de poder en el agro mexicano hegemonizadas por el Estado.

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